OPINION N° 33

El Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA), basado en el Artículo 44° del Acuerdo de Cartagena, en las Decisiones 441° y 464° de la Comisión de la Comunidad Andina, y con ocasión de la Cumbre Sindical Andina celebrada los días 18 y 19 de Marzo y la XIX Reunión Ordinaria del CCLA celebrada el 20 del mismo mes en la ciudad de Lima – Perú, emite la siguiente Opinión:


POSICIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO LABORAL ANDINO FRENTE A LAS NEGOCIACIONES DE UN TLC DE LA UE CON COLOMBIA, PERÚ y ECUADOR

Considerando:

Que el Acuerdo de Cartagena es un Tratado Internacional firmado en mayo de 1969 por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile y la adhesión al mismo de Venezuela en febrero de 1973, tiene plena vigencia en nuestros países.

Que, desde la Declaración del Consejo Consultivo Laboral Andino de Quito, se sostiene que la existencia de relaciones económicas dinámicas y equilibradas es una condición básica para el desarrollo del diálogo y la cooperación. Los acuerdos comerciales y económicos deben ser un instrumento para la promoción de un desarrollo sustentable. Las negociaciones deben tener como requisito el tratamiento de todos los sectores, insistiendo en que la apertura de los mercados sólo se puede dar, si se eliminan mutua y concordadamente, las trabas y mecanismos de protección que impidan la reciprocidad, la igualdad y disminución de los desequilibrios y asimetrías.

Que el movimiento sindical de la Subregión Andina en reiteradas ocasiones ha manifestado que es partidario de un comercio justo entre los países y pueblos del mundo, sobre la base de la igualdad, el beneficio recíproco y el respeto por las soberanías nacionales; así como de los derechos inalienables de los trabajadores y trabajadoras, la plena vigencia de la negociación colectiva y de los Convenios Internacionales del Trabajo.

Que bajo las anteriores consideraciones, el movimiento sindical de la Subregión Andina se ha opuesto decididamente a los procesos de liberalización comercial impulsados por la Ronda de Doha de la OMC, por el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA y después por los acuerdos bilaterales llamados Tratados de Libre Comercio, TLC con los Estados Unidos. En virtud de los cuales, las grandes potencias económicas y las empresas multinacionales han pretendido forzar a nuestros países a abrir, sin contraprestación alguna, sus economías y sus mercados.

Que de adoptarse esta política, se ahondarán las asimetrías históricas que han existido entre los desarrollos y economías de los países del tercer mundo y en particular de la Subregión Andina y las de los países desarrollados.

Que estas relaciones basadas en la imposición y en la perpetración de las desigualdades van en detrimento de toda posibilidad de desarrollo autónomo de nuestros pueblos y ahondarán los indicadores de pobreza, marginalidad y exclusión que actualmente padecemos. Igualmente, todos los recursos naturales y humanos que poseemos serán puestos al servicio y beneficio de las grandes multinacionales, a consecuencia de lo cual todas las riquezas, en vez de ser la base del deseado progreso y desarrollo, devendrán en una calamidad más para nuestros atribulados pueblos.

Que bajo los auspicios de unos Acuerdos de Asociación, AdA, que comprendían cláusulas de Cooperación y Diálogo Social, la Unión Europea propuso entablar relaciones con los países de América Latina y el Caribe, entre ellos los de la Subregión Andina. El inicial mandato negociador de la Unión Europea establecía que estas negociaciones se deberían desarrollar entre bloques, que se establecería el otorgamiento de un trato especial y diferenciado para la Comunidad Andina y que se buscaría el avance de las negociaciones, independientemente de los resultados de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio.

Que, a pesar de que reiteradamente se afirmó por parte de los voceros de la UE, que estos AdA no eran un TLC, a principios del año 2007, cuando el Parlamento Europeo aprobó el Mandato de Negociación de un AdA CAN-UE, se estableció que este buscaría la expansión de los acuerdos bilaterales que bajo el espíritu del ALCA se habían logrado con los Estados Unidos y que se buscaría, en consecuencia, la celebración posterior de un Acuerdo Global Interregional denominado Zona Euro-Latinoamericana de Libre Comercio, como un contrapunto al ALCA, a más tardar en el año 2010.

Que, frente a esta determinación de la Unión Europea, los gobiernos de la Comunidad Andina aprobaron la Decisión No. 667 de junio de 2007, para corresponder y aceptar de hecho, que se entraría a negociar, sin más, un TLC CAN-UE.

Que, en el año 2008, en la V Cumbre de Jefes de Estado de Latinoamérica, el Caribe y Europa, realizada en Lima, el Comisionado de Comercio Europeo Peter Mandelson planteó que el AdA CAN-UE era esencialmente un TLC, que no aceptaría propuestas por fuera de este marco y que quien insistiera en estas propuestas, en alusión directa a Bolivia, se vería excluido de la Cuarta Ronda de negociaciones.

Que la cuarta ronda de negociaciones entre la CAN y la UE de julio de 2008, fue suspendida unilateralmente por la Unión Europea debido a la imposibilidad de que los países miembros de la Comunidad Andina presentaran una propuesta conjunta para esta negociación y al malestar y exacerbación de las contradicciones con la Unión Europea por la “Directiva de la vergüenza” contra los inmigrantes aprobada en Europa.

Que ante la imposibilidad de negociaciones bloque a bloque, los Gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador, integrantes de la Comunidad Andina, prestándose para las maniobras tendientes a la disolución de la Comunidad Andina, resolvieron realizar negociaciones bilaterales y por separado con la Unión Europea (UE), aceptando que se trata de la búsqueda de un Tratado de Libre Comercio.

Que estas negociaciones pretenden tomar como piso las concesiones otorgadas a los Estados Unidos en los TLCs, además de retomar resueltamente como ejes de la negociación los denominados Temas de Singapur que dieron al traste con la Ronda de Doha de la OMC. Aspectos claves que tienen que ver con los regímenes de inversión extranjera, competencia, liberalización plena del comercio, propiedad intelectual, compras públicas y solución de conflictos, entre otros. Imposiciones que no fueron aceptadas por los delegados de Bolivia, ante lo cual fueron excluidos de las negociaciones bilaterales.

Que se han acordado tres rondas para la realización de unas rápidas negociaciones entre la UE y Colombia, Perú y Ecuador; países miembros de la Comunidad Andina. La primera de ellas se dio en Bogotá entre el 9 y el 12 de febrero de 2009, la segunda será en la ciudad de Lima en la última semana de marzo, donde se espera el cierre de algunas de las catorce mesas instaladas y la tercera en Bruselas entre los meses de julio y septiembre del 2009, al final de las cuales se espera tener firmado el TLC bilateral entre la Unión Europea y los países andinos mencionados.

Que estas negociaciones se han venido dando a espaldas de la sociedad civil y sin la participación efectiva de sus voceros.

Que las experiencias de México y Chile, los países más antiguos en haber firmado TLC nos muestran las graves consecuencias sociales provocadas por estos tratados que afectan a toda la población trabajadora, pero en especial para las mujeres y las minorías étnicas y raciales, sectores de la sociedad que padecen ancestrales exclusiones que se ven ahondadas y exacerbadas por estas relaciones injustas de la economía y el comercio internacionales.

Que la crisis social y económica ha incidido notoriamente en el incremento del trabajo de reproducción social, más conocido como el “trabajo del cuidado”, en el ámbito del hogar y la familia, asignado históricamente a la mujer, en una sociedad en la que la atención del hogar sigue siendo en lo fundamental responsabilidad femenina. Dicha crisis ha traído consecuencias negativas de diversa índole y el incremento de las penurias económicas, revive permanentemente el peso de los rasgos más atrasados de la cultura y la tradición patriarcales de dichas sociedades. En este ámbito, las mujeres, aparte de sufrir el agravamiento de la situación económica y social, reciben una carga adicional en lo que respecta a su trabajo social reproductivo.

Que los TLCs bajo las normas del neoliberalismo predominante afectan negativamente no sólo a los países y pueblos de la periferia del mundo, sino también a las y los trabajadores de los países desarrollados. El deterioro del valor de la mano de obra y la precarización de las condiciones laborales se colocan en la actualidad como factor supremo a la competitividad internacional. Ante esto, la deslocalización de las industrias y empresas busca reemplazar puestos de trabajo con plenas garantías y derechos por el empleo basura de las maquilas, las Cooperativas de Trabajo Asociado y todas las demás formas de tercerización, subcontratación y destajo, que han conducido al restablecimiento de relaciones laborales semiesclavistas.

El Consejo Consultivo Laboral Andino, Opina:

1. Declarar que la posición de los gobiernos de Colombia, Perú y Ecuador, como miembros de la Comunidad Andina violan los compromisos asumidos en el Acuerdo de Cartagena y en las decisiones de sus órganos comunitarios, al aceptar negociar bilateralmente un TLC con la Unión Europea, poniendo en riesgo la existencia del proceso andino de integración y todas sus instituciones. Ello atenta igualmente contra el marco constitucional y legal que rige en cada uno de nuestros países generando desconfianza sobre la seriedad en el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales; violándose el principio Pacta Sum Servanda (principio internacional que establece el carácter obligatorio y vinculante de los Tratados internacionales suscritos).
   
   
2. Rechazar las negociaciones de un TLC entre la Unión Europea y los Países Miembros de la Comunidad Andina por tratarse del mismo modelo de Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos de Norteamérica e incluso, con peores contenidos en todos los órdenes, que afectarían sobremanera a los pueblos andinos.
   
   
3. Asumir como movimiento sindical andino, agrupado en el CCLA la lucha contra este modelo de negociación de un Tratado de Libre Comercio lesivo a los intereses de los pueblos y convocar a participar activamente en todas las acciones contra su aprobación.
   
   
4. Instar, en nuestro deber internacionalista, a la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), a la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la Federación Sindical Mundial (FSM) y a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) para desarrollar acciones conjuntas de movilización, protesta y presión política ante los respectivos gobiernos de la Unión Europea para que no se concreten los TLCs y se protocolice este moderno atropello contra los pueblos, trabajadoras y trabajadores andinos.
   
   
5. Solicitar a los Congresos de nuestros países y al Parlamento Andino ejercer el control político correspondiente en materia de cumplimiento de los tratados internacionales por parte los gobiernos involucrados.
   
   
6. Reclamar de los gobiernos de la Subregión Andina, las políticas tendientes a la real protección del trabajo, al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo de la OIT y a la adopción de políticas encaminadas a garantizar la igualdad, la equidad y la especial protección de la mujer, las minorías étnicas y raciales en todo lo que tenga que ver con los derechos laborales, salariales y prestacionales.
   
   
7. Exhortar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como órgano encargado de garantizar el cumplimiento y respeto al Acuerdo de Cartagena y las Decisiones emanadas por sus órganos comunitarios, a desarrollar un rol activo sobre este particular.
   
   
8. Fortalecer el proceso de consolidación de la Comunidad Andina hacia el mercado común desarrollando nuestros propios instrumentos sociolaborales en materia de Seguridad Social, Migración Laboral, Formación Profesional, Seguridad y Salud en el Trabajo, y alianzas estratégicas en materia de producción y empleo.
   
   
9. Continuar promoviendo la ampliación del espacio comunitario y las relaciones como bloque de la Unión de Naciones Suramericanas, que procura el desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, laboral, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura para fortalecer la integración armónica e integral de los pueblos sudamericanos.