GOBERNABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
Pablo Gutiérrez Urgel*
El autor reflexiona sobre la inherente relación que existe entre gobernabilidad democrática y cohesión social, y como resultado se logran superar problemas de pobreza y marginación social. El desafío que ello representa nos conduce a armonizar entre política económica y social con equidad y justicia, para de esa manera poder insertarnos en un mundo globalizado.
 La gobernabilidad democrática está íntimamente ligada a la cohesión social. Se trata de dos conceptos que dan forma a un círculo virtuoso. Sólo democracias sólidas, con altos niveles de gobernabilidad, están en condiciones de hacer frente de manera efectiva al desafío de superar la pobreza y la exclusión social. Al mismo tiempo, a mayor inclusión social, mayor será el grado de gobernabilidad de nuestras democracias.
Por ello, nuestro compromiso con la gobernabilidad debe implicar centrar nuestros esfuerzos en el desarrollo social y avanzar por la senda del crecimiento con equidad. Superar la marginación de importantes sectores sociales es un desafío ineludible para nuestros sistemas democráticos. Debemos poner el acento en el diseño de políticas públicas y sociales universales, a tiempo de promover medidas que aseguren la inclusión de los grupos vulnerables, vinculándolos con las redes sociales y de bienestar construidas por nuestras sociedades.
Lo anterior implica atender las necesidades básicas más urgentes de los grupos más desposeídos, asignándoles un canal de satisfacción adecuado a las realidades de estos sectores sociales. Es decir, significa configurar una red de acceso a una serie de bienes públicos como salud, vivienda y educación, que comprometan criterios de eficiencia económica, accesibilidad y solidaridad social. Más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejor seguridad personal, más trabajo y mejores relaciones laborales, más responsabilidad en el diseño y gestión de los bienes públicos, pero, al mismo tiempo, mejores canales de participación.
Esto demanda de nosotros una actitud activa para conciliar una política que preserve los equilibrios fiscales y macroeconómicos, como base del crecimiento sostenido, con la innovación para poner en práctica políticas públicas efectivas que conjuguen la participación de los sectores público y privado.
La inclusión social se asocia a la idea de un orden mundial fundado en relaciones equitativas y justas. No es posible diseñar un sistema globalizado si no se integra un componente de equidad en las relaciones entre los estados. Al considerar la agenda económica y social, es preciso reconocer que no basta con liberalizar las relaciones comerciales, ya que para que éstas sean estables, deben también ser justas.
Nuestra visión apunta a que la comunidad internacional construya normas de convivencia más equitativas, que aseguren al mayor número de personas las oportunidades, capacidades y recursos que permitan su mayor realización material y espiritual. De no ser así, se corre el riesgo de incubar gérmenes de frustración que amenacen el sistema en su conjunto.
En definitiva, la gobernabilidad democrática se sostiene en un conjunto renovado de condiciones políticas, económicas y sociales que llamamos inclusión social.
* Abogado
Diario "El Deber"
Marzo
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