DISCRIMINACIÓN CONTRA TRABAJADORES ANDINOS EN EEUU, OTRO OBSTÁCULO EN NEGOCIACIÓN DE TLC
Jorge Correa C.*
El tema laboral es un aspecto que ha sido poco tratado en el proceso de negociaciones por un TLC de tres países andinos con EEUU. Lo relacionado a la discriminación en el trato de los migrantes andinos por las empresas norteamericanas y la aplicabilidad de las normas laborales en nuestros países, considerado como dumping social, son temas de interés en las mesas de negociación. En el artículo, que se centra en el caso colombiano, se tocan estos aspectos y el avance laboral en estas rondas.
 Colombia, Ecuador y Perú aspiran a que en el Tratado de Libre Comercio quede incluida la protección de los derechos laborales.
Los tres países andinos solicitan que el TLC impida la discriminación laboral contra sus ciudadanos en razón de su nacionalidad, raza, género, sexo, ideología, religión. Sin embargo, estas peticiones no han tenido acogida en el equipo de negociadores de Estados Unidos.
Desde el inicio de este proceso, hace un año atrás, para llegar a un tratado, Colombia, Ecuador y Perú pusieron ese tema sobre la mesa de negociaciones, pues, aunque no hay cifras oficiales, son recurrentes las denuncias sobre la violación de los derechos laborales de los migrantes, que se agrava cuando sobre estos pesa la ilegalidad de su permanencia en suelo estadounidense.
Los negociadores colombianos del TLC les han recordado a sus colegas estadounidenses que el hecho de ser migrantes no puede ser motivo para que los empresarios de su país les paguen menos a los trabajadores provenientes de los países andinos, o les ofrezcan condiciones laborales inferiores a las de sus nacionales, o los despidan arbitrariamente.
El capítulo laboral en el TLC ha generado una reacción negativa, casi instintiva, entre las centrales obreras y los trabajadores colombianos y en unos cuantos empresarios: los primeros consideran que el objetivo es deteriorar sus condiciones laborales en beneficio de las multinacionales de Estados Unidos, mientras que los segundos creen que tendrán que pagarles más a sus trabajadores.
No obstante, de acuerdo con lo que está sobre la mesa y las explicaciones del gobierno colombiano, lo que se busca con dicho capítulo es que cada país proteja los derechos de sus trabajadores y que se avance en la aplicación efectiva de la legislación laboral interna, cuya no observancia es motivo de frecuentes enfrentamientos de trabajadores con empresarios.
Uno de los puntos que tiene particular interés para los Estados Unidos, pero muy cuestionado por los sindicatos obreros, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), es el que tiene que ver con evitar el llamado dumping social.
A los negociadores estadounidenses les preocupa el desmejoramiento de las condiciones laborales en los países andinos porque las empresas ubicadas en estos ganarían competitividad frente a la producción de Estados Unidos. A las centrales obreras les choca que solo se trate de evitar la violación de los derechos de los trabajadores cuando esté relacionada con el intercambio comercial entre los firmantes del tratado.
Derechos fundamentales
Los derechos que se buscan promover y proteger con el acuerdo son los llamados fundamentales cuya violación sistemática pone a un país en el camino de la instancia de solución de controversias y hasta de recibir las sanciones contempladas en el tratado.
En lo negociado hasta ahora queda claro que las multas no las causa el incumplimiento de una empresa sino un patrón de conducta de no acatamiento de las normas laborales y de permisividad del Gobierno con esta situación.
Además, se pretende que cada país aplique los convenios ratificados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en el caso de Colombia son 59.
Aunque las centrales obreras (CUT, CGT y CTC) se han opuesto desde el principio a las negociaciones y no participan siquiera en el cuarto de al lado, el Gobierno se reúne con ellas después de cada ronda y les informa sobre la marcha del proceso.
Cooperación
El capítulo laboral hace énfasis en la cooperación porque se parte de que los países andinos tienen dificultades para aplicar su legislación laboral y de que con esa figura se pueden conseguir avances y lograr resultados en un tiempo relativamente corto.
En la mesa de cooperación (una de las dos que ya se cerró) se logró la financiación con recursos estadounidenses de tres proyectos para este capítulo: difusión de los derechos de los trabajadores, diseño y montaje de un sistema de información del mercado de empleo y mejoramiento de la inspección en las empresas para asegurar el cumplimiento de las normas laborales.
En qué va la negociación
La principal controversia gira en torno a la protección de los derechos laborales de los trabajadores andinos en E.U., cuyos negociadores no han aceptado la petición de que en el TLC quede incluida la no discriminación.
E.U. argumenta que el tema es de política migratoria sobre la cual no tienen competencia y que allí se salvaguardan los derechos de cualquier trabajador, pero los andinos aspiran a que la no discriminación laboral quede expresamente consignada.
El punto lo han venido trabajando en forma paralela, por fuera del TLC, la Cancillería y las autoridades norteamericanas, pero lo que se busca es el carácter vinculante que le da el hecho de quedar incluido en el tratado.
Para penalizar el incumplimiento laboral, las delegaciones están negociando la cuantía de 15 millones de dólares anuales propuesta por Estados Unidos, que deben ser invertidos por el país sancionado en el área donde se hayan vulnerado los derechos de los trabajadores con el fin de mejorar su protección.
Si no se cumple con el pago, el país puede perder los beneficios comerciales acordados (como aranceles) en una cuantía igual a la sanción monetaria en el sector económico donde haya sido la violación.
Las cooperativas de trabajo asociado que funcionan en Colombia, recientemente cuestionadas porque muchas de ellas se desviaron de su objetivo y se dedicaron a la intermediación laboral, fueron analizadas en detalle por funcionarios estadounidense que veían en ellas una forma de dumping social. El Gobierno colombiano ha expedido varios decretos con el fin ajustarlas no solo a la legislación interna sino de ponerlas a tono con el TLC.
Congresistas y organizaciones sindicales estadounidenses temen que el Cafta lleve a la pérdida de empleos en su país a favor de los cinco centroamericanos y República Dominicana que firmaron el acuerdo, lo que ha retrasado las decisiones entre Estados Unidos y los andinos.
Inclusive, según fuentes oficiales, la señal que ha enviado el equipo estadounidense es que mientras no se apruebe el Cafta en su Congreso no será posible cerrar el capítulo laboral con los andinos.
Palabras clave
Dumping social: desmejoramiento deliberado de las condiciones laborales para reducir los costos de producción y poder competir con los bienes fabricados por los competidores de otros países. Una manera de conseguirlo es no aplicar o no hacer cumplir la legislación laboral interna.
Derechos fundamentales: para los asuntos laborales, los derechos fundamentales son los de asociación, a negociar colectivamente, a la eliminación del trabajo forzoso, a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, a una edad mínima para el empleo, a condiciones aceptables en salario mínimo, horas de trabajo, salud y seguridad ocupacional.
EL TIEMPO
Mayo
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