Al primer mes de asunción al mando por parte del presidente Evo Morales, son varios los temas de relevancia que ha tenido que afrontar. Uno de los principales es lo referido al proyecto de ley presentando por el Poder Ejecutivo y el del Comité Cívico de Santa Cruz, que han polarizado el debate sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente en el país. En ése sentido, el parlamentario, César Navarro del MAS, mencionó que la propuesta gubernamental que apoya el MAS tiene el respaldo de casi la totalidad de los sectores sociales del país y representa la equidad en la representación. Entre tanto, la propuesta realizada por el Comité Cívico de Santa Cruz propone elección de representantes legales, pero sin legitimidad, que está siendo respaldada por toda la derecha además los restantes partidos tradicionales del país.

Se consolidan las alianzas para las próximas elecciones legislativas y presidenciales de marzo. Por lo pronto, Uribe ya escogió los partidos con los que hará campaña: Cambio Radical, ‘la U’, conservadores, Colombia Democrática, Alas y Peñalosa. Hacia ellos el actual presidente decidió darles poco de oxígeno político a los partidos uribistas en la recta final de la campaña al Congreso de la República, al inscribir su candidatura el próximo 27 de febrero. Con cada una de estas organizaciones políticas, Uribe realizará un foro parlamentario programático para definir de manera conjunta el programa de Gobierno que presentará a los colombianos en las elecciones presidenciales. En este marco de elecciones, se espera que de los 59 partidos políticos que actualmente están inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo menos unos 40 perderán su personería jurídica antes de concluir el próximo mes.

En el marco de las reformas a la Ley de Control del Gasto Electoral el Congreso complementó las disposiciones relativas a las prohibiciones de los aportes a las campañas, pero volvió a postergar la determinación de los límites del gasto electoral. Cincuenta y cinco de los 64 diputados presentes aprobaron ayer el artículo 7 de las reformas, en el que se incluyó la prohibición de recibir aportes de gobiernos extranjeros, partidos políticos del exterior y organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras. Adicionalmente, se dispuso que la Unidad de Control del Gasto Electoral, a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se encargue del control y juzgamiento del financiamiento y gasto electoral. En la ley vigente se determina que tal unidad se encargará solamente del control y juzgamiento de las cuentas. En este marco, la propuesta del Legislativo de disponer franjas publicitarias “equitativas y horizontales en todos los medios de comunicación y para todos los candidatos”, ha sido duramente criticada por la asociación de propietarios de canales de televisión.

Ganaron los partidos políticos al establecer una sola cédula de sufragio. Y es que el Organismo Nacional de Procesos Electorales ONPE ya había mandado a confeccionar los planillones electorales con las candidaturas presidenciales en una cédula y en otra para el parlamento nacional y el andino, lo que había provocado la protesta de los partidos políticos, quienes sustentaron que de esa manera se pierde lo que se ha llamado el “voto arrastre”, al disociar al candidato a la presidencia con los postulantes parlamentarios. En otro tema de importancia, el Ejecutivo observó el proyecto aprobado por el Legislativo para la libre desafiliación de las AFPS, proponiendo un proyecto bastante próximo al esquema mexicano, donde los afiliados del Sistema público de reparto que fueron trasladados al nuevo sistema gozan de la posibilidad de escoger, al momento de la jubilación, entre la pensión que le ofrece la AFP o la ONP.

A pesar de que las elecciones todavía son para finales de año, desde ya se implementan alianzas y acciones con esa mira. Los partidos Primero Justicia, Movimiento Al Socialismo, Izquierda Democrática, Causa Radical, Solidaridad, Gente del Pueblo, Nueva Democracia, y las asociaciones civiles Asamblea de Educación y Compromiso Ciudadano, suscribieron una declaración en la que se comprometieron a “luchar juntos” de manera democrática “a favor del país” y por condiciones electorales confiables para toda la población, lo que para ello significa es una oposición a Chávez. A ello se suma que el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de diferir la decisión de si procede o no la apertura de un expediente administrativo contra el presidente Chávez y los precandidatos de la oposición Julio Borges y Roberto Smith por presuntamente realizar campaña anticipada, aduciendo que desestimaron las tres denuncias interpuestas por particulares sobre supuesta violación a la normativa de campaña electoral durante los comicios parlamentarios por no “contar con las pruebas necesarias para sustentar tal acusación”.