TRAGEDIA TRAS TRAGEDIA
Nuevamente los hogares de 39 mineros se visten de luto como resultado de 2 explosiones ocurridas en los últimos días: la primera el pasado sábado 3 de febrero en el municipio de Sardinata, en Norte de Santander, con un saldo de 32 trabajadores fallecidos; y la segunda el martes 6 de febrero en el municipio de Gameza, Boyacá, que cobró la vida de otras 8 personas, entre ellas la hermana de uno de los mineros accidentados quien llegó a socorrerlo.
Las informaciones preliminares señalan como causa de estos accidentes la ocurrencia de explosiones debido a la acumulación de gas metano, pero más allá de que ésta haya sido la condición inmediata relacionada con estos lamentables eventos, es necesario denunciar ante la opinión pública las causas más profundas que comprometen al Gobierno y a los empleadores.
Las políticas de debilitamiento del papel del Estado en la vigilancia y control de las condiciones de trabajo, limitan la cobertura y la calidad de las acciones de Inspección Laboral, tanto por parte del Ministerio de la Protección Social como de Ingeominas, a tal punto que se presenta la grave situación de que uno de los mineros muertos en Gameza hubiese sido un niño.
Esto se acompaña de la falta de medidas de seguridad por parte de los dueños de las minas y de las empresas que adelantan la explotación, agravado por la proliferación en este sector extractivo de las cooperativas de trabajo asociado, para eludir la responsabilidad patronal.
La Central Unitaria de Trabajadores y el Consejo Consultivo Laboral Andino expresan su solidaridad con las familias de los compañeros muertos y se comprometen en seguir demandando el desarrollo de medidas eficaces que garanticen el derecho a la vida y a la salud en el trabajo, fortalecer la movilización contra las políticas de liquidación del ISS y su ARP, y por el fortalecimiento de la Inspección Laboral como responsabilidad del Estado, para velar que los empresarios cumplan sus responsabilidades. |
