GUERRA DE CLASES Y SALARIO MÍNIMO: TRAS EL ATAQUE DEL SENADO A LOS TRABAJADORES AMERICANOS
Anthony DiMaggio (*)
“Si “el mercado” se define como la incapacidad de proveer a los trabajadores con el fruto de su trabajo, privando a la familias de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas al pagarles salarios por debajo del nivel de subsistencia, entonces tengamos muchas más distorsiones en un sistema que sitúa la avaricia empresarial por encima de los derechos y necesidades económicas básicas.”
Fue difícil no aplaudir al senador Edgard Kennedy la semana pasado cuando satirizaba sobre los republicanos en el Senado por intentar enmendar y retrasar una resolución del Senado destinada a aprobar un modesto incremento en el salario mínimo a nivel federal. La correspondiente resolución de la Cámara de Representantes, que se aprobó por un aplastante 315 a 116, pretendía incrementar el salario mínimo de los actuales 5,15 dólares la hora a 7,25 dólares durante los siguientes dos años. Sin embargo los republicanos en el Senado, dándose |
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El senador Edward Kennedy, menciono que es una cuestión que tiene que ver con la dignidad y el respeto para los trabajadores que ganan el salario mínimo. Son hombres y mujeres que se encuentran en el nivel más bajo de la escalera económica que trabajan duro en algunos de los trabajos más pesados del país. |
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cuenta de la debilidad de su situación de minoría en el Congreso, aprovecharon la oportunidad para intentar, y de hecho, bloquear cualquier votación sobre la iniciativa, mencionando los tradicionales dogmas pro-empresariales y contra los trabajadores. En general el desprecio por los trabajadores americanos parece estar al orden del día, pues tanto líderes políticos como empresariales se oponen vehementemente a cualquier intento de indexar el salario mínimo a la evolución de la inflación, como se vio recientemente en Illinois.
Se ha convertido en un mantra estándar en la disciplina económica, entre otros, la afirmación de que el salario mínimo hace más daño que bien, no sólo a la economía americana sino también a los trabajadores americanos. Este escenario orwelliano pinta los incrementos del salario mínimo como perjudiciales para los trabajadores americanos, al argumentar que incrementan también el desempleo. De acuerdo con postulados económicos habituales como la “ley” de la “oferta y demanda”, al aumentar “artificialmente” el salario mínim u valor “real”, los legisladores están solamente garantizando que las empresas tengan que despedir a un mayor número de sus trabajadores (o no contratar a nadie más a medida que los trabajadores dejan su puesto), para así compensar los costes del incremento en el salario mínimo.
Los defensores del mundillo de los negocios que justifican la oposición al salario mínimo lógicamente también pueblan los grandes medios de comunicación. Steve Chapman, del Chicago Tribune, escribe en la sección editorial que “parece probable que los economistas han estado en lo cierto desde el primer momento al esperar” que cada incremento del 10 por ciento en el salario mínimo “destruiría del 1 al 2 por ciento de los empleos de los jóvenes”, de modo que “un salario mínimo de 7,25 dólares podía conllevar la pérdida de hasta 1,6 millones de puestos”. Sin embargo un supuesto como ese se basa en un intenso (o incluso dudoso) cribado de la evidencia, que descarta aquellos estudios económicos cuyos resultados son conflictivos.
La airada reacción de Kennedy contra el intento de obstruccionismo en el Senado era de esperar, sobre todo cuando los altos ejecutivos anuncian beneficios récord mientras al mismo tiempo mencionan las reducciones de plantilla y los despidos masivos como algo necesario para seguir siendo “competitivos” en el mercado internacional. A medida que el Congreso y el Presidente han ido progresivamente insistiendo en recortes de impuestos para las grandes compañías e incrementos dramáticos del bienestar de los empresarios, los americanos han acabado preguntándose ¿y qué ocurre con el trabajador americano? Como les preguntó Kennedy a los republicanos en el Senado:
“¿Qué precio pedís por los hombres y mujeres trabajadores? ¿Cuánto más tenemos que dar al sector privado y a las empresas? ¿Cuántos miles de millones de dólares más queréis, cuántos más necesitáis? ¿Cuándo termina la codicia?” Cabe decir que no por el momento.
Los republicanos en el Senado siguieron con su empeño de inundar el Senado con casi 70 enmiendas para impedir una votación en firme sobre el salario mínimo. El enfado de Kennedy por el intento de obstruccionismo fue un interesante desvío de la tradicional apatía que muestra el Partido Demócrata cuando se trata de defender a sus bases: “¿Tanto desdén tenéis por los americanos que trabajan duro que queréis amontonar todas vuestras enmiendas en este asunto? ¿Por qué no sencillamente guardáis vuestras enmiendas para el resto de legislación? ¿Por qué tanto volumen de enmiendas para la cuestión de la subida del salario mínimo? ¿Qué ocurre con los hombres y mujeres trabajadores que encontréis tan ofensivo como para que no permitáis ni siquiera una votación negando al Senado la oportunidad de expresarse?
Por supuesto Kennedy no es el único funcionario que ha dado un paso al frente para desafiar el status quo político y económico. La presidenta de la AFL-CIO de Illinois Margaret Blackshere ha apoyado un incremento del salario mínimo en Illinois, diciendo que de hecho “se trata de una cuestión moral. ¿Cómo podemos esperar sinceramente que alguien en el estado de Illinois pueda sobrevivir y vivir una vida decente con 13.520 dólares?” Aunque preguntas tan incisivas como estas pueden perfectamente caer en saco roto, ya que tanto los líderes políticos como la elite del mundo de los negocios llevan tiempo prefiriendo hablar de la primacía de la rentabilidad sobre el derecho de los trabajadores americanos de no sufrir en la pobreza.
Esa defensa de la elite empresarial americana merece estar sujeta a un riguroso escrutinio, ya que a menudo no se sostiene ante las pruebas empíricas. El supuesto estándar de que mayores salarios causan un mayor desempleo se ha cuestionado con éxito por ser demasiado simplista, e incluso claramente inexacta durante los últimos años. Como muestra el influyente estudio de Alan Krueger y David Card, Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage (“Mito y medición: la nueva economía del salario mínimo”), el desempleo no ha aumentado en estados como Nueva Jersey, California y Texas dónde se aprobaron leyes de salario mínimo. Un vistazo más general a los cambios en el salario mínimo y el desempleo desde la década de los sesenta hasta la de los noventa, también muestra que no existe ninguna correlación entre el poder adquisitivo del salario mínimo y el nivel nacional de desempleo. Por ejemplo, al final de los sesenta, cuando el valor del poder adquisitivo (ajustado por la inflación) del salario mínimo llegó a un máximo, los niveles de desempleo estaban de hecho por debajo de los de periodos posteriores en los que el valor de los salarios se redujo.
La puesta en duda de Card y Krueger del paradigma empresarial en contra de los trabajadores ha sido también secundada por numerosos economistas, cientos de los cuales han dado un paso al frente para defender un incremento en el salario mínimo federal como un medio de reducir las desigualdades sociales y ayudar también al crecimiento económico. Cada vez en mayor número, los economistas y otros académicos se preguntan si vale la pena defender los tradicionales dogmas del mundo de los negocios – en particular la teoría conservadora para la que el salario mínimo es irrelevante cuando el sector privado ya paga a los trabajadores americanos el valor “real” de su trabajo. En Reclaiming Prosperity: A Blueprint for Progressive Economic Reform (“Reivindicar prosperidad: un programa para la reforma económica progresista”), William Spriggs y John Schmitt comentan que “no es sorprendente que la larga erosión del poder adquisitivo del salario mínimo sufrida desde los ochenta haya hecho una contribución sustancial en el marcado incremento de la desigualdad de los últimos 15 años”.
El valor del salario mínimo era mucho más alto en 1968 (de 7,49 dólares la hora en poder adquisitivo ajustado por la inflación) que en 1997, cuando se aprobó el salario mínimo de 5,15 dólares. Esta lenta pero constante caída en el valor del salario mínimo es en gran parte debido a la incapacidad del gobierno para aumentar los niveles salariales según la inflación. Dicha tendencia ha llevado a muchos economistas a cuestionar el argumento de que las empresas no pueden permitirse pagar mayores salarios debido a dificultades competitivas. Como sostienen Robert Pollin y Stephanie Luce, “¿qué ha cambiado tan drásticamente durante los últimos treinta años – a pesar de que la economía disponga de la mayor capacidad productiva de su historia – para que ahora la idea de un ingreso mínimo a nivel nacional le parezca a tantos hablar de castillos en las nubes?”
En todo caso, el dramático incremento en los beneficios empresariales de las últimas décadas es el indicador más claro de que un mayor salario mínimo, o incluso un ingreso mínimo, no es sólo posible sino también moralmente defendible. Como muestra Kevin Phillips en su trabajo Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich (“Riqueza y democracia: una historia política de los ricos americanos”), en general los beneficios empresariales tocaron techo durante las décadas de los ochenta y noventa, seguidos de un modesto crecimiento en la productividad del conjunto de la economía. Sin embargo el crecimiento económico vino acompañado de un estancamiento de los salarios por hora de los trabajadores del sector privado. Michael Parenti señala esta clara tendencia en su trabajo Democracy for the Few (“Democracia para unos pocos”), dónde explica que “entre 1973 y 1997 la productividad del trabajo aumentó un 20%, mientras los salarios reales cayeron un 22,6%”. En realidad pues, no han sido los problemas de las compañías con la rentabilidad y el crecimiento lo que ha impedido un crecimiento del salario mínimo, sino la oposición empresarial a recompensar a los trabajadores por el incremento de productividad. La avaricia de las compañías ha jugado el rol más importante en el dramático aumento de las desigualdades en América.
Finalmente podemos volver al último refugio de aquéllos que están en contra de un aumento en el salario mínimo: la queja de que este tipo de regulación impide a las compañías ser competitivas en el mercado internacional. Sin embargo, como explica la especialista Susan Hansen en su trabajo Globalization and the Politics of Pay (“Mundialización y políticas de pagos”) dicho argumento es en su mayor parte una invención, al demostrar que “los estados [de EE.UU.] con mayores costes laborales son en realidad los mejor situados respecto al crecimiento económico, las exportaciones y la inversión directa del exterior. El fuerte vínculo entre alto costes laborales y crecimiento de la productividad supone una ventaja competitiva en una economía global cada vez más especializada. Reducir los costes laborales ha tenido consecuencias sociales adversas en los estados [caracterizados por bajos salarios]: menores índices de creación de empleos, reducciones más lentas de la pobreza, estancamiento del crecimiento de las rentas personales, crecientes desigualdades, menor participación electoral, altos índices de crímenes y suicidios y mayor inestabilidad en la vida familiar”.
Mientras los líderes empresariales y la elite política sigan aullando sobre “distorsiones del mercado” como el salario mínimo, los americanos deberían reexaminar las prioridades de los líderes políticos de un país con una riqueza sin igual pero acompañada de los más altos índices de desigualdad del mundo industrializado. Si “el mercado” se define como la incapacidad de proveer a los trabajadores con el fruto de su trabajo, privando a la familias de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas al pagarles salarios por debajo del nivel de subsistencia, entonces tengamos muchas más distorsiones en un sistema que sitúa la avaricia empresarial por encima de los derechos y necesidades económicas básicas. Afortunadamente muchos americanos parece que apoyan un incremento del salario mínimo, ya que casi el 80% de los americanos apoya una subida en línea con la propuesta por los demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes. Solamente el tiempo y, más importante aún, el aumento del activismo y la presión sobre los líderes políticos americanos, nos dirán si la opinión pública jugará un papel decisivo en el actual debate sobre el salario mínimo.
(*) Profesor en la Universidad Estatal de Illinois y editor principal de The Indy. Articulo publicado en la Revista Sinpermiso del 18 de Febrero del 2007
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