Las refinerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de Santa Cruz vuelven a manos del Estado.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dijo que con el primer pago de $US 56 millones que se hizo efectivo a Petrobras Bolivia Refinación (PBR) en una cuenta de un banco de Nueva York, la naciente empresa YPFB Refinación SA y el Estado asumen el control de las dos plantas.
La autoridad añadió que el segundo pago se realizará en 60 días, mismo que completará los 112 millones de dólares que se acordó con la petrolera brasileña.
Villegas aclaró que el pago de las dos plantas no afectará a los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN) ni al de YPFB.
Indicó que los recursos saldrán de las propias refinerías, particularmente de la venta y exportación del crudo reconstituido y de las gasolinas blancas, que también servirán para su ampliación, hecho que comenzará pronto en Santa Cruz, y luego en Cochabamba.

Treinta y cinco empresarios norteamericanos con vínculos comerciales con Colombia inician desde el 12 de junio ‘lobby’ ante el Congreso de Estados Unidos con el fin de salvar la prórroga del Atpdea.
La apuesta por el TLC se mantiene como la prioridad; sin embargo, ahora por razones de tiempo y de las vacaciones del legislativo americano, es urgente contar con una nueva extensión de las preferencias unilaterales, las cuales vencen el próximo 30 de junio.
La convocatoria al ‘lobby’, que comienza en Washington, la hizo la firma de abogados especializada en comercio internacional Sander, Travis & Rosenberg, que hace algún tiempo fue contratada por la Andi, para trabajar por el sector de confecciones y textiles.

El presidente Rafael Correa y su par peruano, Alan García, se comprometieron ayer a afianzar la relación bilateral, durante el Gabinete binacional celebrado en Tumbes.
En el marco de esa reunión, reafirmaron que no hay ningún tema fronterizo ni reclamo pendiente en el campo marítimo.
Al respecto, Correa dijo que ambos países tienen la voluntad compartida de prorrogar hasta el 2019 el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, firmado por ambos países tras la firma de la paz, en 1998.
Señaló que la ampliación de ese plan es necesaria, debido a que aún “estamos en deuda con las poblaciones fronterizas”, a quienes se les generó expectativas de mejora de sus condiciones de vida con la firma del tratado de paz.

De acuerdo a un informe difundido por el Banco Mundial, los problemas ambientales cuestan a nuestro país cerca de S/. 8,200 millones de soles (equivalentes a US$ 2,500 millones). Este monto representa el 3.9% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Pese a ello el gobierno destina US$ 76.8 millones anuales para atender las prioridades ambientales, monto que equivale solo al 0.6% del gasto público.
El documento, titulado “Análisis Ambiental del Perú (AAP): Retos para un Desarrollo Sostenible”, señala que los problemas asociados con la degradación ambiental de mayor costo son, en orden decreciente, el inadecuado abastecimiento de agua, la sanidad e higiene, la contaminación atmosférica urbana, los desastres naturales, la contaminación por plomo, contaminación de aire en locales cerrados y la degradación del suelo agrícola