Derechos humanos y derechos sindicales:
ASESINATO DE SAUL CANTORAL NO QUEDARA IMPUNE
César Alva (*)
Han tenido que transcurrir 18 años para que la luz de la justicia -no la de la justicia peruana- sino la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH- dicte sentencia firme reconociendo que en el Perú no se respetan los derechos humanos, particularmente si de dirigentes sindicales se trata.
En efecto, el pasado 10 de Julio de este año la CIDH reconoce responsabilidad del Estado peruano en el asesinato de Saúl Catoral Huamaní y de Consuelo García Santa Cruz, el primero Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú y la otra víctima era trabajadora social y fundadora del Centro de Mujeres Filomena Tomaira Pacsi.
Saúl Cantoral fue asesinado el 13 de febrero de 1987 por el comando paramilitar “Rodrigo Franco” de estrecha cercanía al partido aprista y especialmente de Agustín Mantilla, el mismo que en su momento fuera secretario general de esa organización política y en la fecha de los hechos Ministro del Interior.
Los cargos que revisó la CIDH están relacionados a actos de derecho a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales, libertad de asociación, protección judicial, los mismos que recogían los cargos de las organizaciones sindicales y familiares de actos de secuestro, tortura y ejecución extrajudicial por parte del Estado peruano.
Saúl Cantoral fue encontrado muerto en posición de cúbito ventral en el parque Wiracocha de Cantogrande, distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, con 5 disparos en la nuca y la espalda y, a escasa distancia, el cuerpo de Consuelo García que también tenía 2 orificios de bala y además había sido atropellada exprofesamente.
La CIDH para sentenciar este hecho de sangre tomó en cuenta diversos documentos como las denuncias que ante la OIT realizaran la CGTP, la Federación Minera, la Federación Sindical Mundial y la Ciosl, el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de APRODEH y de una serie de personalidades y familiares de las víctimas.
La sentencia al encontrar responsabilidad del Estado peruano resuelve el pago en los próximos 12 meses a los familiares por concepto de daños materiales e inmateriales en la suma de $ 402,500 dólares, la obligación de prestar tratamiento psicológico y médico y por el tiempo que fuera menester y, la obligación de investigar los hechos, como identificar, juzgar y, según el caso, sanción a los responsables. Finalmente, el resultado de las investigaciones debe ser de conocimiento público en los principales medios de comunicación del Perú.
De esta manera, los objetivos que exige y demanda la sociedad en la búsqueda de verdad, justicia y reparación se habrán cumplido y los responsables serán sancionados por la justicia peruana.
Pero, el arribar a estas conclusiones por parte de la CIDH no ha sido fácil. El Estado peruano de manera permanente ha pretendido, primero ocultar el crimen y luego entorpecer el proceso judicial. Incluso, la amenaza de incompetencia de ese tribunal o el retiro de la CIDH ha sido utilizada de manera sistemática.
Sin embargo, como señala la sentencia de la CIDH “el Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981”, así como que “El Perú es Estado Parte en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención contra la Tortura”) desde el 28 de marzo de 1991”.
Es de esperar, que si realmente se vive en un estado de derecho, el gobierno desinhibiéndose políticamente inicie el juicio correspondiente y se sancione a los responsables materiales e intelectuales. Caso contrario, los derechos humanos para los dirigentes sindicales seguirán pendiendo cual espada de Damocles.
¿Por qué lo asesinaron?
La federación minera presentó por primera vez en 1988 el Pliego Nacional de reclamos en beneficio de todos los trabajadores afiliados para mejorar sus condiciones de trabajo y salariales. El pliego de reclamos se encontraba dentro de la normatividad legal y para su efectividad mantenía el criterio articulado entre las convenciones colectivas de los sindicatos y su complementación en lo que mejor convenga a nivel de federación.
Frente a la negativa del primer gobierno de Alan García de solucionar las demandas planteadas en la negociación colectiva se inicia la huelga el 17 e julio de 1987, la misma que concluye el 16 de agosto de ese mismo año. Al decir del gobierno la huelga había comprendido a la totalidad de 60,000 trabajadores sindicalizados y había generado pérdidas por más $ 120 millones de dólares, aparte que el 90% de la producción minera se había
paralizado.
En el desarrollo de la huelga el gobierno pretendió negociar con una supuesta federación que hacía muchos años había dejado de existir por inanición en la década del 70 cuando irrumpe la CGTP levantando posiciones clasistas. Al no lograr sus objetivos el gobierno mediante Decreto Supremo reconoció el Pliego Nacional. Paralelamente, Saúl Cantoral fue secuestrado por desconocidos siendo torturado y drogado (9 de agosto de 1988).
El Pliego Nacional de reclamos encontró la más férrea oposición empresarial agrupada alrededor de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo que desató una de las campañas más virulentas contra los trabajadores y levantó al máximo el “cuco del comunismo” y nexos con organizaciones terroristas, olvidando que la violencia terrorista que vivía el país, tanto por acción del Estado como de las bandas de terroristas, costó la vida de mas de 15 connotados dirigentes a manos de Sendero Luminoso
El 17 de setiembre de 1988 la federación minera reinicia la huelga nacional en medio de una feroz represión donde se militarizaron los campamentos mineros y decenas de dirigentes sindicales fueron detenidos. Frente a esa nueva situación el Plenario minero decidió suspender la huelga a la espera de una mejor situación para la negociación colectiva a nivel de rama de producción.
Huelga que no pudo materializarse más adelante por los cambios realizados en la flexibilización laboral y la eliminación de una serie de derechos apara los trabajadores realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori.
(*)Técnico del Proyecto “Consolidación de los Órganos Técnicos del Consejo Consultivo Laboral Andino”, comentarios al correo: cesaralva@ccla.org.pe |
